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Por Víctor Peña
Mucho se ha escrito sobre la situación de personas que de manera ilegal pululan por nuestras calles cometiendo todo tipo violaciones, inclusive irrespetando nuestros símbolos patrios como hacen los haitianos, sin que ninguna autoridad diga esta boca es mía y sin que haya consecuencias.
De nada valen las deportaciones esporádicas y pírricas en relación a las masivas migraciones de miles nacionales haitianos que vemos a diarios, no solo en las filmaciones de las redes, sino que puedes palparlos cuando visitas poblaciones y hasta en carreteras a lo largo de nuestro país.
Para colmo de males organizaciones nacionales e internacionales están haciendo hasta lo imposible para que se quiten los pocos controles que tenemos y que tanto esfuerzo nos ha costado para mantener nuestra soberanía.
En días pasado vimos con asombro que un personaje lúgubre, que aspira a la presidencia de la república por el Partido Nacionalista Dominicano (PND), Porfirio López Nieto, emitió un manifiesto de soberanía aberrante y cual no fue nuestra sorpresa al enterarnos que más adelante introdujo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 169-14, ante el Tribunal Constitucional.
Y como si fuera un plan bien orquestado el famoso y esperado sermón de las Siete Palabras de nuestra Iglesia Católica nos tilda de falsos patriotas y xenófobos racistas a los dominicanos que creemos que los haitianos no pueden andar ilegales y sin ningún control en nuestro país.
Para rematar nos sorprende el informe anual correspondiente al 2017, publicado por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, donde saca a la República Dominicana del capítulo IV-B, mejor conocido como la lista negra, donde incluyen los países que no se dejan narigonear en materia de ciudadanía y Derechos Humanos, pero al mismo tiempo sugieren al gobierno que viole la Ley 169-14 y que desconozca la sentencia 168-13 evacuada por el Tribunal Constitucional.
Lo peor es que Roberto Rodríguez Marchena, entienda que dejarnos fuera de la lista negra, fue un acto de justicia y nada más falso señor Marchena, esto no es más que un caramelo de cianuro, porque al tiempo que hacen esto, están sugiriendo al gobierno que viole la Ley 169-14 y la Constitución pero además que desconozca la sentencia 168-13 evacuada por el máximo tribunal en materia de Constitución, el Tribunal Constitucional.
El vocero de gobierno debe saber que aceptarle a la CIDH sus “sugerencias”, implica violar la Constitución de la República en su artículo 184 que crea el Tribunal Constitucional, donde dice que sus decisiones son definitivas e irrevocables, en consecuencia la sentencia 168-13 de fecha 23 de septiembre del 2013, es irrevocable.
En lo particular no creo mucho en coincidencias y es una pena que algún funcionario caiga de incauto con un regalo envenenado y sin saber este haciendo el juego a organismos que tiene intenciones claras de que nuestro país no haya reglas de juegos clara con relación a nuestra propia ciudadanía, pero más temprano que tarde todo quedará al descubierto y espero que solo entonces, como dijo Juan Pablo Duarte, la verdad nos haga libre.
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