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miércoles, 29 de abril de 2026

 

Diario Azua / 29 de abril 2026

MIAMI . El rugir de los motores de American Airlines volverá a escucharse en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía este jueves, marcando el fin de un paréntesis de siete años sin vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. Este retorno no es solo una victoria logística para los viajeros, sino el símbolo más tangible del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La operación se formalizará con un vuelo inaugural que partirá la tarde del jueves desde suelo venezolano hacia Miami, retornando el viernes. A partir de mayo, la frecuencia aumentará a dos vuelos diarios operados por Envoy, subsidiaria de American, utilizando aeronaves Embraer 175 con capacidad para 76 pasajeros.

Un puente para la inversión y la diplomacia

El regreso de la aerolínea estadounidense la última en abandonar el país en 2019 ocurre en un contexto de apertura económica agresiva. La reciente captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York en enero pasado despejó el camino para que el flujo de capitales norteamericanos apunte nuevamente a los sectores energético y minero venezolanos.

"Es una apuesta de confianza hacia el destino", afirmó Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo (Avavit). Según la experta, la conexión directa obligará a una reestructuración de precios en el mercado, desafiando el dominio de rutas con escala en Panamá o Bogotá que encarecían el trayecto.

El alivio de la diáspora

Para los más de un millón de venezolanos residentes en Estados Unidos, especialmente en comunidades como Doral en Florida, la noticia tiene un peso emocional incalculable. Tras años de vuelos costosos y escalas agotadoras para ver a sus familias, el vuelo directo de menos de tres horas permite que las nuevas generaciones nacidas en el exilio conecten finalmente con sus raíces.

A pesar del optimismo, los viajeros aún enfrentan el reto de los trámites consulares. Mientras las embajadas terminan de normalizar sus servicios tras la ruptura de 2019, obtener pasaportes vigentes o salvoconductos sigue siendo el principal cuello de botella para quienes desean aprovechar esta nueva "puente aéreo" de libertad y negocios.

 


Diario Azua / 29 de abril 2026

SANTO DOMINGO. Lo que comenzó como una espera de cuatro meses se transformó este miércoles en un grito de auxilio en las escalinatas del Palacio Nacional. Personas con discapacidad visual, estudiantes y padres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) iniciaron una protesta por tiempo indefinido para exigir la reapertura inmediata del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci).

La institución, vital para la formación y autonomía de decenas de ciudadanos, permanece inoperante debido a la falta de una sede propia y garantías legales que aseguren su permanencia. Los manifestantes denuncian que, tras meses de mesas de diálogo, el Gobierno solo ha ofrecido "promesas verbales" y soluciones temporales que no resuelven la raíz del problema.

Una propuesta calificada de "inviable"

La indignación de la comunidad de Cecapci se encendió tras la última propuesta oficial. El plan de las autoridades consiste en cubrir el alquiler del local actual solo por un año y gestionar, para 2027, un traspaso de fondos desde el Conadis hacia el Ministerio de Educación (Minerd) para el pago permanente de una sede.


Para los directivos y familias del centro, este planteamiento es inaceptable. Sostienen que:

Falta seguridad jurídica: No existe un documento formal que garantice la continuidad del presupuesto ante posibles cambios de funcionarios.

Tácticas dilatorias: Denuncian que el proceso se ha extendido innecesariamente mientras los estudiantes pierden meses valiosos de formación.


Incertidumbre presupuestaria: El traslado de fondos a Educación para 2027 depende de variables administrativas que hoy no ofrecen ninguna certeza.

"No podemos confiar el futuro de nuestros hijos en una palabra que el viento se puede llevar. Necesitamos un local formal y una solución seria hoy", expresaron padres presentes en la protesta. El colectivo advirtió que no abandonará el frente del Palacio Nacional hasta que se firme un compromiso vinculante que asegure la operatividad del Cecapci.

 


Nicolás Suárez, condenado a 30 años de prisión por intentar matar a su expareja, en un hecho ocurrido en Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste. (FUENTE EXTERNA)

Diario Azua / 29 de abril 2026

SANTIAGO. En un fallo que sienta un precedente sobre la violencia de género en la tercera edad, el Tercer Tribunal Colegiado de esta provincia dictó la pena máxima contra Nicolás Suárez, de 76 años, tras ser hallado culpable de intentar asesinar a su expareja en el sector Cienfuegos.

Las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis desestimaron los alegatos de la defensa, que buscaba una pena menor o suspendida alegando la avanzada edad del imputado. El tribunal determinó que la brutalidad del ataque y el historial de violencia justificaban los 30 años de reclusión.

El ataque y el milagro de la intervención

El sangriento episodio ocurrió el 17 de julio de 2024. Según el expediente del Ministerio Público, Suárez, conocido como "Cola", acechó a Erminia Núñez Durán en su residencia. Sin mediar palabras, la atacó por la espalda con un arma blanca, provocándole una profunda herida en el cuello que puso en riesgo su vida.

El feminicidio no se consumó gracias a la rápida intervención de un nieto de la víctima y un vecino, quienes lograron neutralizar al agresor. Los informes médicos confirmaron heridas de gran magnitud en la región cervical y un daño psicológico profundo tras décadas de amenazas, pese a que la relación había terminado hace 20 años.

Cumplimiento de la pena

Aunque el Código Procesal Penal permite flexibilidad para mayores de 70 años, la gravedad de la tentativa de asesinato inclinó la balanza hacia la sanción íntegra. No obstante, atendiendo a su condición física, el tribunal dispuso que Suárez cumpla su condena en el Centro Correccional Haras Nacionales, recinto especializado en el tratamiento de adultos mayores privados de libertad.


Diario Azua / 29 de abril 2026


SANTO DOMINGO. Este jueves 30 de abril, el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional llevará a cabo la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis coimputados en el presunto fraude que supera los 15,000 millones de pesos.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero, en su rol de juez control de la investigación, será el encargado de examinar si persisten las condiciones que motivaron la prisión preventiva dictada en diciembre pasado. Según lo estipulado en el Código Procesal Penal Dominicano, esta revisión debe realizarse de oficio cada tres meses para aquellos imputados que guardan prisión en centros carcelarios.

Implicados bajo la lupa judicial


Junto a Hazim, comparecerán los exfuncionarios de la ARS estatal:

Gustavo Enrique Messina Cruz

Germán Rafael Robles Quiñones

Francisco Iván Minaya Pérez

Asimismo, se presentarán los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los hombres cumplen la medida en el centro penitenciario Las Parras, mientras que Ledesma Ubiera se encuentra recluida en Najayo Mujeres.

Es importante destacar que el empresario Eduardo Read Estrella y las contratistas Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina no forman parte de esta revisión, debido a que el arresto domiciliario no requiere este procedimiento obligatorio por ley.

Cronograma del proceso


El Ministerio Público tiene como fecha límite el mes de agosto para presentar la acusación formal, tras el plazo de ocho meses otorgado por el tribunal de Atención Permanente.

Mientras tanto, el caso sigue sumando detenciones. Recientemente fue capturado Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar de Autorizaciones Médicas de Senasa, quien intentaba salir del país por un aeropuerto. Su audiencia de medida de coerción está programada para este viernes, completando así el cuadro de los 11 señalados originalmente en la estafa al seguro estatal.


Las enfermeras advirtieron que continuarán con las protestas si no reciben respuestas a sus demandas. (FUENTE EXTERNA)


Diario Azua / 29 de abril 2026

SANTO DOMINGO. Los pasillos de los principales hospitales públicos de la República Dominicana lucieron semivacíos de personal este miércoles. Gremios de enfermería cumplieron un paro nacional de 24 horas en demanda de pensiones dignas, aumentos salariales y una solución urgente a la falta de personal, situación que califican como una "crisis estructural".

Desde el Hospital Moscoso Puello en la capital hasta centros en La Altagracia e Independencia, las enfermeras limitaron su labor exclusivamente a las áreas de emergencias y unidades de cuidados intensivos (UCI), dejando suspendidas las consultas y cirugías electivas.

Una carga laboral insostenible

La principal denuncia del sector es el alarmante déficit de 20,000 enfermeras a nivel nacional. María Carela, representante del gremio en la provincia La Altagracia, explicó que la falta de nombramientos obliga a que una sola profesional deba asumir la carga de áreas completas.

"Hay áreas donde una sola enfermera atiende a una gran cantidad de pacientes, especialmente en fines de semana. En hemodiálisis, por ejemplo, una sola persona opera hasta siete máquinas simultáneamente", denunció Carela.

Pliego de demandas al Gobierno

Además de la contratación de personal para cubrir las plazas de las enfermeras pensionadas, el sector exige al presidente Luis Abinader:

Reclasificación de puestos: Profesionales con licenciatura que siguen cobrando salarios de auxiliares.

Incentivos: Cumplimiento de los pagos por distancia y los beneficios ofrecidos por el Senasa.

Ajuste salarial: Actualmente, una licenciada devenga entre RD$48,000 y RD$50,000, montos que consideran insuficientes ante el alto costo de la vida.

Las manifestantes advirtieron que esta jornada de 24 horas es solo el inicio. De no recibir una respuesta concreta del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS), las protestas escalarán en intensidad en las próximas semanas.



Diario Azua / 29 de abril 2026

WASHINGTON. En un encuentro cargado de simbolismo y humor, el presidente Donald Trump recibió este miércoles en el Despacho Oval a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, calificando el éxito de su viaje como un pilar fundamental para la grandeza de Estados Unidos.

El mandatario felicitó a Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover (NASA) y al canadiense Jeremy Hansen (CSA), quienes el pasado 10 de abril completaron la primera misión tripulada a la órbita lunar desde el fin de la era Apolo en 1972.

Humor y confianza en el Despacho Oval

Durante el recibimiento, Trump no escatimó en elogios para la tripulación y para el administrador de la NASA, Jared Isaacman. "Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país", afirmó el presidente, quien también aprovechó el momento para bromear sobre su propia condición física y la posibilidad de sumarse a una misión espacial.

"Físicamente estoy muy bien... ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?", ironizó Trump entre risas, mientras destacaba el interés global que despertó el lanzamiento y el exitoso amerizaje de la cápsula.

Un hito para la historia espacial

La misión Artemis II no solo marcó el regreso de humanos a las cercanías de la Luna tras más de medio siglo, sino que estableció un nuevo récord mundial de distancia. La tripulación se alejó 406,771 kilómetros de la Tierra, superando la marca histórica que ostentaba la misión Apolo 13 desde 1970.

Este logro es el preludio de los planes más ambiciosos de la administración:

Alunizajes en 2028: La NASA tiene previsto tocar la superficie lunar dos veces ese año.

Base Lunar: El avance en la infraestructura para una presencia humana permanente en la Luna.

Liderazgo espacial: Trump reiteró su creencia de que Estados Unidos volverá a pisar la Luna antes de que concluya su actual mandato.

 


En 2024, el Minerd reportó unos 30 casos de acoso sexual de parte de profesores.


Diario Azua / 29 de abril 2026

SANTO DOMINGO. El sistema educativo dominicano se ve nuevamente sacudido por una denuncia de abuso. Las autoridades arrestaron a Inocencio Lebrón Montero, docente de matemáticas del Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz (conocido popularmente como "La Perito"), bajo cargos de agresión sexual contra una estudiante menor de edad.

El imputado, detenido desde el pasado 22 de abril, enfrentará el próximo 2 de mayo la audiencia para el conocimiento de medida de coerción. El proceso, que originalmente estaba pautado para finales de abril, fue aplazado a solicitud de la defensa para preparar sus alegatos.

El modus operandi según la acusación

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, los hechos se remontan a mayo del año pasado. La investigación detalla que el profesor utilizó su posición para ganar la confianza de la adolescente mediante mensajes personales. Esta cercanía escaló hasta convertirse en presión emocional y, presuntamente, tocamientos de naturaleza sexual ocurridos fuera del entorno escolar.

La denuncia formal fue interpuesta por la madre de la menor en enero de este año, activando de inmediato los protocolos de protección de menores. El docente enfrenta cargos por violación a los artículos 330 y 333 del Código Penal, además de la Ley 136-03 sobre los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Reacciones y antecedentes alarmantes

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) manifestó su rechazo absoluto a estos actos, calificándolos como un atentado contra la integridad de los estudiantes. El gremio recordó que, en años recientes, casos similares en provincias como San Pedro de Macorís y La Altagracia han terminado en condenas ejemplares, incluyendo la de 20 años contra el profesor John Kelly Martínez.

Este caso se suma a una estadística preocupante: solo en el periodo escolar 2023-2024, el Ministerio de Educación (Minerd) reportó la desvinculación de más de 30 docentes por acoso sexual, con el Distrito Nacional como la demarcación con mayor incidencia de reportes.

 


Imagen del día del atentado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana. (FUENTE EXTERNA)


Diario Azua / 29 de abril 2026

BOGOTÁ. En una operación relámpago ejecutada por fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército, las autoridades colombianas lograron la captura de José Alex Vitoncó, alias "Mi Pez". El detenido es señalado como el cerebro detrás del brutal atentado con cilindro bomba que enlutó al departamento del Cauca el pasado sábado, dejando un saldo de al menos 20 civiles fallecidos.

La detención tuvo lugar en la zona rural de Palmira, específicamente en la aldea Tablones (Valle del Cauca). Vitoncó, quien también utilizaba el alias de "David", es identificado por la inteligencia estatal como el cabecilla de la columna Dagoberto Ramos, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco.

Justicia para las víctimas de Cajibío

El presidente Gustavo Petro fue el primero en confirmar el éxito de la operación a través de sus redes sociales, vinculando directamente al capturado con la matanza en el sector El Túnel, municipio de Cajibío. "Es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida", sentenció el mandatario.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó a Vitoncó como uno de los criminales más sanguinarios del suroccidente del país. Según el informe oficial, el detenido comandaba a más de 600 hombres y se le atribuyen:

Más de 40 acciones violentas recientes contra civiles y fuerza pública.

Control de rutas de narcotráfico con destino a Estados Unidos.Delitos de terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir.

Este arresto se produce en un momento de máxima tensión, mientras el Gobierno investiga si los explosivos utilizados en el atentado de la Vía Panamericana fueron ingresados ilegalmente desde Ecuador. Con la caída de "Mi Pez", las autoridades esperan desarticular los planes de expansión del EMC en los departamentos de Valle del Cauca y Nariño.


Diario Azua / 29 de abril 2026

Con una inversión de RD$150 millones, el Gobierno ejecuta demoliciones estratégicas y ampliación de vías para abrir paso a servicios de emergencia y parques lineales.

Tras más de medio siglo de crecimiento desordenado, el sector Los Praditos ha comenzado a vivir una transformación histórica. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) y la Alcaldía del Distrito Nacional han puesto en marcha un plan de integración vial que promete romper el aislamiento interno de esta comunidad.

Conectividad y Apertura Vial El eje central del proyecto es la conexión de la calle Olof Palme con la Heriberto Núñez, además de la ampliación de las calles 9, 11 y 6. Esta apertura no solo busca agilizar el tránsito vehicular hacia la calle Doctor Defilló, sino garantizar que servicios esenciales, como ambulancias y camiones de bomberos, puedan finalmente acceder a zonas que antes eran impenetrables.

"Estamos corrigiendo una situación de 50 años que limitaba la movilidad. Recuperamos espacios para la gente", afirmó el ministro Víctor -Ito- Bisonó durante la supervisión de los trabajos.

Un proyecto por etapas La obra, que inició en febrero de este año, tiene un cronograma de ejecución de 18 meses y contempla los siguientes beneficios:

Movilidad: Aceras nuevas y ampliación de calzadas.

Seguridad y Ocio: Iluminación LED de alta eficiencia y construcción de parques lineales con áreas verdes.

Organización: Creación de parqueos públicos para descongestionar las vías estrechas.

Acuerdos con la comunidad Uno de los puntos clave ha sido el proceso de demoliciones progresivas. Según las autoridades, estas se realizan de manera ordenada mediante acuerdos previos con los propietarios, permitiendo que la primera fase avance sin contratiempos legales.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Mejía destacó que esta intervención no solo mejora la infraestructura, sino que dinamizará el comercio local y elevará la plusvalía de las viviendas en el sector, impactando directamente en el bienestar de las familias residentes.

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