Por Oscar López Reyes
Insólito…!
No lo podemos creer…
El primero de diciembre de 2016, una bota de hierro, astuta y plomiza, con grilletes rústicos en su punta delantera, ensayó su aterrizaje en una pista cubierta de hangares. Ese día el gobierno de Danilo Medina suscribió un acuerdo con el de Estados Unidos relativo a la “preautorización en el transporte aéreo”, para que “securitys” controlen el abordaje de pasajeros y los movimientos en Aduanas. El consentimiento del rodaje cedería, a cuerpo de Rey, porciones de la soberanía dominicana a la decadente superpotencia avasalladora.
Insólito…!
No lo podemos creer…
Oficiales con uniformes militares de Estados Unidos exhibirían armas de fuego, macanas, pistolas eléctricas tipo láser, rociadores defensivos, esposas y equipos de comunicación en labores de inspección en los aeropuertos nacionales, iniciando por el de Punta Cana.
Esos milicianos estadounidenses podrán apresar, a pecho abierto, a dominicanos. Así tan simple, en el asombro del conocimiento de la vertiente soldadesca, cinco años después sin ser realzado.
Desde esa fecha del satánico inicio del proyecto de enajenación, chorrean lágrimas de sangre en la médula de la Patria, que empapan las fibras de su conciencia, y cornetea el clarín de reclamo para que sean identificados los jueces del Tribunal Constitucional y miembros del Congreso que avalen el anexo de áreas estratégicas y neurálgicas de la República a una nación extranjera, en el sesgo de un economicismo geografista turístico pasajero, que se volverá sal y agua por la pandemia.
¿Meterán a los criollos en un cuartito, los revisarán y ultrajarán, como hacen los “yankees” en sus aeropuertos? ¿Quién garantiza que no se cometerán abusos? ¿Los entregarán a las autoridades dominicanas? ¿Regirán la seguridad y los comercios de las terminales aéreas? ¿Por qué tienen que entrenar sus militares en campos de tiros dominicanos, en un símil con una base militar? ¿Acaso se trata de una extensión de la embajada norteamericana, con los privilegios diplomáticos y militares correspondientes? ¿Serán los jerarcas militares nativos muchachos de mandados de los ojos azules norteños? ¿Por qué ellos no ponen esos controles en sus estaciones terrestres? y ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no permite que el gobierno dominicano haga lo mismo en su espacio geográfico?
La apariencia se escurre en la afluencia de los excursionistas pero, strictu sensu, se trata de operaciones antiterroristas, a las cuales los Estados Unidos tiene derecho para protegerse, pero en su suelo, no en el nuestro. Los que quieran conocer más detalles del “acuerdo de preautorización en el transporte aéreo”, que lo lean íntegro en
ggnoticias.com.Acuerdo-entre-el-gobierno-RD-EUA, lo analicen y saquen sus propias conclusiones.
La alarma fue arrojada, como un grito de preocupación ante el presentimiento de que sea rubricado en la nueva composición del Tribunal Constitucional, por los ex jueces (eméritos) de esa corte de última instancia Leyda Margarita Piña Medrano, Jottin Cury David, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez, quienes con altivez impidieron su aprobación. Durante la reciente audiencia de evaluación, dos de sus sustitutos emitieron opiniones a favor del esperpento (las grabaciones pueden ser verificadas), por lo que -para no viciarlo- tendrán que inhibirse cuando se conozca, y otros han hecho saber, sigilosamente, que están recibiendo presiones, telefónicamente, para que sea acogido.
Piña, Cury, Gómez y Jiménez denunciaron, ahora que no están yugulados por las restricciones propias de su investidura, que se quebrantan los artículos 3, 6 y 252 de la Constitución permitir que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo para entrar a ese país.
El artículo 252 sobre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la seguridad y defensa especifica que “corresponde a las Fuerzas Armadas la custodia, supervisión y control de todas las armas, municiones y demás pertrechos militares, material y equipos de guerra que ingresen al país o que sean producidos por la industria nacional, con las restricciones establecidas por esta ley”.
Asimismo, el artículo 3 se refiere a la inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención directa e indirecta, y el 6 sobre la supremacía de la Carga Magna que apostilla que “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución”.
INTERVENCIONISMO Y UNILATERALISMO DE EE.UU.
Históricamente, los nexos entre Estados Unidos y República Dominicana han girado en el torbellino del intervencionismo militar directo -o a través de la agenda diplomática y las agencias de inteligencia-, y el unilateralismo, por la desproporción de poder. Sus secuelas han sido el atajo, el desgarro y la desfachatez.
En vez de bilateralidad o reciprocidad, ha predominado la subordinación como estrategia geopolítica, como ocurriría con la posible intervención en aduanas y migración en la brega anti-terrorista, con la argumentativa facilidad para el dudoso aumento de la llegada de vacacionistas, la corpulencia de la democracia y los tradicionales incentivos a las exportaciones de café, azúcar, cacao, minerales, zonas francas y turismo.
Refresquemos cinco ultrajes de la política exterior hegemónica del coloso del Norte, que ha sido ejecutado sindicando como “ultranacionalistas” a los que osan cuestionar o impugnar a sus viejos y nuevos interventores.
1.- En 1888, en el hacha de los empréstitos del tirano Ulises Heureaux (Lilís), comenzó la influencia de Estados Unidos, con el monopolio de sus compañías, como la Santo Domingo Improvement, en perjuicio de las finanzas públicas dominicanas, en el cetro de la expansionista/colonialista doctrina Monroe: “América para los americanos”. Las de Norteamérica representaron más del 50% de las importaciones. Lilís murió en un atentado, y dejó el país endeudado y en bancarrota.
2.- En 1905, en el mandato del ex sacerdote Carlos Felipe Morales Languasco, fue suscrita la convención domínico-americana, mediante la cual se pusieron las aduanas en poder de Estados Unidos, que se adjudicó el 55% de las recaudaciones, para cubrir los intereses, amortización y vencimiento de la deuda interior y exterior. Obligado a renunciar y sustituido por Ramón (Mon) Cáceres, quien en 1907 ratificó el citado modus vivendi de 1905, generó un alud de protestas por viabilizar un protectorado administrativo-financiero, con derecho de la nación extranjera a intervenir en los asuntos internos. Cáceres fue asesinado en 1911.
3.- En 1916, con la gallarda oposición de los presidentes Juan Isidro Jiménes y Francisco Henríquez Ureña, infantes de marina de Estados Unidos ocuparon la República Dominicana, para garantizar el cobro de la deuda externa e impedir que Alemania la utilizara como base para los ataques en su contra durante la Primera Guerra Mundial. Ante la pérdida de la soberanía, hubo asedios armados en distintos pueblos, como La Barranquita, El Seibo y San Pedro de Macorís (Los Gavilleros), así como la resistencia de los periodistas e intelectuales. Resultados: más de mil muertos y el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo Molina a la Presidencia de la República, quien a sangre y fuego gobernó por más de 30 años.
4.- En 1924, durante el régimen de Horacio Vásquez, Estados Unidos y República Dominicana rubricaron otra convención, por la cual se cedió a la primera la administración de los ingresos aduaneros de la Nación, lo que generó descontentos y protestas. En 1940 fue derogada la convención de 1924, que erosionó la soberanía nacional, mediante el tratado Trujillo-Hull, suscrito por el embajador plenipotenciario Rafael Leónidas Trujillo Molina y el secretario de Estado Cordell Hull. Devolvió al país la Receptoría de Aduanas y se cumplió con la deuda externa dominicana en el mercado bursátil.
5.- En 1965, bajo el triunvirato de facto encabezado por Donald Read Cabral y en la veta de la Guerra Fría, soldados de la Marina y del Ejército de Estados Unidos invadieron, por segunda vez, a República Dominicana, para sofocar la guerra patria iniciada el 24 de abril, guiada por Francisco Alberto Caamaño Deñó, que reclamaba la vuelta a la Constitución de 1963. Secuela: dos mil 825 dominicanos fallecidos y 44 soldados norteamericanos, e instalación del gobierno de Joaquín Balaguer, con maniobras fraudulentas del Estado imperial.
¿QUE PODRIA OCURRIR…?
El acuerdo de “preautorización en el transporte aéreo” fue firmado, en español e inglés, por Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores dominicano, y James Walter Brewster, embajador de Estados Unidos. Para el control preventivo de constitucionalidad, el presidente Danilo Medina lo remitió al Tribunal Constitucional, donde no fue aprobado ni rechazado, porque no consiguió la mayoría calificada, o sea, 9 votos de 13 de la matrícula de esa encumbrada jurisdicción.
Por esa razón, en estos momentos el documento está bajo su conocimiento. Si logra 9 votos favorables, porque entiendan que está conforme con la Carta Sustantiva, entonces será enviado al Congreso Nacional. Si lo sanciona positivamente, entrará en vigencia sin dilación.
Estados Unidos pavimenta en el número uno como socio comercial y exportador de turistas -también como el principal asiento de los dominicanos emisores de remesas-, pero esos despachos no significan que tengamos que ser sumisos y convertirnos en un homo economicus, que se sustenta en el mercurialismo empresarial o mercado de regalo intemporal, y no en la función nacional-colectiva. Aquello de que pronto tendremos más de cinco millones de turistas norteamericanos -en la grieta de una pandemia catastrófica- luce un estribillo semántico, con menos credibilidad que un curandero o un especialista que opina vagamente en su interés de seguir llenándose los buches de lentejas con chorizos.
Ese “regalo envenenado”, como fue definido por rotativos de España, en lo inmediato el común no se percata de su trasfondo, y cuando sientan sus rigores, los adherentes serán mandados al infierno, donde arderán en el cable incandescente de la historia. Será un baldón perenne.
Nos inclinamos en favor de que el Poder Ejecutivo atienda la solicitud de retirar el citado acuerdo, elevada por Vinicio y Pelegrín Castillo Semán, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Manuel Núñez Asencio, Manuel Bergés Coradín, José Miguel Soto Jiménez, Miguel Fiallo y otros ciudadanos prestantes y celosos vigilantes de la soberanía nacional. Podría ser reformulado, eliminando este aspecto tan sensible.
Acabamos de recontar las tragedias históricas ensambladas frente a intervenciones norteamericanas que, en una nación con tantos vaivenes socio-políticos y retaliaciones, el “acuerdo de preautorización en el transporte aéreo” también tendría consecuencias funestas. Cumplimos con el sagrado deber de advertir -como palabras preventivas- que, en el porvenir cercano o lejano, adversarios apelarían a la Constitución y al Código Penal, para formular imputaciones invocando violaciones y traición a la Patria.
Estamos a tiempo de replantear el asunto, y evitar que los nombres de jueces constitucionalistas, legisladores y otros actores aparezcan en las páginas de los anales como suscribientes y auspiciadores del mentado adefesio, justificado por voces comprometidas. ¡Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado!
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