Por Oscar López Reyes
¡Inquietante!
La coherencia y transparencia alisa como piedra filosofal para generar credibilidad y confianza, más en el buche de una fórmula secreta que, en cada clarear, se ha hecho más latente en lo atinente a la mudanza de la población haitiana a territorio dominicano.
Cuando se aplica el clásico refrán “A Dios rogando y con el mazo dando”, niebla de confusión a los de la estancia, más desde el 2016, año de la nefasta firma del “acuerdo de preautorización en el transporte aéreo”, que contiene un anexo que pretende delegar a las autoridades de Estados Unidos la tutela de la política de refugiados y asilo de República Dominicana.
¡Amenaza! Esa doblez pendula con visos de mayor complicación que la intervención armada norteamericana de 1965, la cual, si bien mancilló la patria, sus efectos materiales se manifestaron en una limitada zona geográfica, y no -como se procura ahora- en las estratégica esferas aeroportuarias (migración y aduanas), campos de entrenamientos y los alojamientos a forasteros, subrepticiamente introducidos en un anexo. Esta llave rueda aprovechando los mentores el adormecimiento de una multiplicidad de ciudadanos naufragados en la ignorancia, la desinformación y la búsqueda individual de sobrevivencia. Y, si no reaccionan con fervoroso patriotismo, a esta Nación pronto le cantarán el réquiem cantim pace.
Decir una cosa y hacer otra, fue una dualidad estratégica por lo menos en los ocho años de mandato del presidente Danilo Medina, con el aparente propósito de que prosiguiera la emigración desde Haití. Por su emancipación, desde el siglo XIX la República Dominicana ha lidiado en dos escenarios: para consolidar la Independencia Nacional, los nativos maniobraron con armas blancas y de fuego entre 1844 y 1856, como el primer encuentro armado de Fuente de Rodeo, Neyba, el 13 de marzo de 1844, y las batallas del Azua, 19 de Marzo de 1844; y de Santiago, el 30 de marzo del mismo año, así como las batallas gemelas del Sur de Cambronal y Santomé, en 1855, Sabana Larga, 1856, en Dajabón, y Las Hicoteas, en Puerto Plata, entre otras.
Y, a casi dos siglos, pululan masivamente en todos los cantones nacionales, amparados en la compasión, la generosidad y el consentimiento monetario de los dominicanos, los del Oeste de la isla traspasan la frontera sin pasaportes ni visados, poniendo en riesgo la nacionalidad dominicana, más amenazada aún por la ausencia de control de natalidad en aquella nación y los “partos importados”, como resultado de la política puesta en práctica por organismos internacionales y grandes naciones interesadas en aportar como solución a la inviabilidad haitiana la tierra de Duarte, cuestión que agrava el entreguismo solapado de la anterior administración gubernamental y la indiferencia y el interés mercurial de determinados poderes fácticos de nuestro país.
Sólo los incautos y lacayos que solo les importan los caudales metálicos y no el terruño donde están sembrados sus ombligos, así tránsfugas buscavidas, no se preguntan por qué en un acuerdo que supuestamente propicia el aumento del flujo turístico se incluye un anexo sobre refugiados y asilados. Tampoco parecen percatarse de que, ante el cataclismo socio-político del vecino de esta terraza isleña, en el túnel del tiempo se persigue renovar el proyecto de juntarlos a todos en la franja Este.
El anexo al acuerdo en apoyo a las obligaciones internacionales, suscrito el primero de diciembre del 2016 por el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado y el embajador estadounidense James Walter Brewster, manda a “designar puntos de contacto con relación a todos los asuntos tratados en este Anexo (que se correspondan con los puntos de contacto designados por los Estados Unidos) y participar en consultas periódicas sobre la implementación”. ¿?
Durante la campaña electoral de 2020, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) juró ratificar la soberanía dominicana más íntegra, aplicar la Ley número 285-04, que regula el ingreso/salida de personas del suelo patrio, y resguardar la frontera física y jurídica, para la integridad territorial y la supervivencia de la sociedad dominicana. Ese punto de su programa de gobierno lo aplaudimos prolongadamente.
En una reunión efectuada el 10 de enero de 2021, en la frontera con Elías Piña, los presidentes dominicano Luis Rodolfo Abinader y haitiano Jovenel Möise, acordaron trabajar en el Registro Civil de todos los vecinos en territorio nacional, la construcción de hospitales en la riba haitiana, delimitar las fronteras marítimas; desplegar tecnologías de vanguardia para eliminar la migración irregular, el tráfico y otras actividades ilícitas; reforzar la seguridad y la vigilancia divisoria; fomentar los productos biodegradables y fortalecer la cooperación y el desarrollo. Otra vez tuvimos que vitorear, aunque con reservas en relación al registro civil, pues cuestión atañe a la soberanía de Haití, y por el tradicional incumplimiento de aquellos y su precaria situación político-social.
Posteriormente, fue difundido un informe del Instituto Nacional de Migración relativo a un “Plan de contingencia para flujos masivos Inmigrantes en República Dominicana”, en el que se establece que en cada una de las cinco provincias fronterizas serán instalados por lo menos un campamento para refugiados con cupo de hasta 90 mil haitianos. Afortunadamente, el canciller Roberto Álvarez aclaró que ese documento fue elaborado en el gobierno de Danilo Medina, y que carece de fuerza jurídica, porque, por fortuna, no fue sancionado por el Consejo Nacional de Migración.
Como si algún espantajo antinacional ronde en acecho para dar un zarpazo, cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional -Leyda Margarita Piña Medrano, Jottin Cury David, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez- sostuvieron que el ordinal 9 del up supra anexo citado precedentemente, “compromete a la República Dominicana a designar puntos de contacto que se correspondan con los pautados por los norteamericanos, para así consensuar las políticas internas en materia de refugio”. Y matizaron que “se trata de una tutela de facultades soberanas que es a todas luces inadmisible, humillante y propias de una etapa colonialista teóricamente superada”.
Su comunicado se extendió en impugnaciones: “los preclearances se han convertido en un medio para evitar que los solicitantes de asilo lleguen al Estado donde pretenden formalizar su solicitud. El ámbito de aplicación de la normativa de protección internacional suele estar sujeta al territorio, no siendo consideradas como tal por los EE. UU. las áreas de preautorización… la Constitución dominicana también rechaza todo acto que tienda a vulnerar la soberanía, razón por la cual resulta improcedente que la República Dominicana permita que los Estados Unidos tutelen sus políticas de asilo y refugiados contempladas en el anexo”.
En la caldera de la exposición de esos cuatro árbitros jurídicos, curtidos en el conocimiento de la Carta Magna, y movidos por sus sentimientos auténticamente dominicanistas, altos funcionarios públicos mandan señales confusionistas y controversiales. Promueven el respaldo al resistido acuerdo, en el chasco de un sano interés por el turismo, y en una desconcertante coincidencia con la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Minamird).
Esta organización, que opera sin dificultades en la tercera planta de un edificio de la calle El Conde esquina José Reyes, está solicitando al gobierno dominicano que, “ante la inminencia de una avalancha de inmigrantes desde Haití motivada por la crisis política y económica”, trace “una ruta humanitaria” en la frontera para viabilizar que esas oleadas crucen la línea limítrofe y penetren a República Dominicana.
¿Serán turistas los refugiados? ¿Los que lleguen a República Dominicana y se proclamen refugiados, qué tiempo durarán en el proceso de definición de esa condición? ¿Si no progresa su exigencia, serán devueltos o se quedarán por sécula seculorum (por los siglos de los siglos)? ¿Acaso será este un mecanismo para romper la soberanía en un sainete fusionista?
Hasta ahora, las promesas del gobierno se han estado cumpliendo, coyunturalmente en el lance de una retórica confusionista en el túnel del Anexo del “acuerdo de preautorización en el transporte aéreo”. Su promoción entreabre un riesgoso frente antagónico, en el vórtice de un clima peliagudo engendrado por la pandemia y los subsecuentes apuros económico-financieros. En vez de ayudar, metiendo una camisa de fuerza los gringos prefabrican otras hostilidades
Tenemos la confianza de que las anteriores preguntas, que subyacen en el imaginario colectivo, más en los de engrandecidas fibras patrióticas, no serán apenas hilachas semánticas o canciones angelicales en este affaire por la preservación de la patria de Duarte, que vale más que una vida miserable bajo el yugo de una superpotencia neocolonialista que tan solo busca expandir su dominio geopolítico, para imponer su poderío a las naciones más endebles y carentes de dignidad.
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