Por Oscar López Reyes
Casi todas las familias dominicanas han derramado copas de lágrimas, reclamando justicia en el péndulo del dolor y la penitencia, por la ausencia de castigo, desprendimiento de la venal, politizada y desconfiada justicia, que en cada amanecer exhibe su rostro sin vendas. Una promesa de cambio, embanderada en la propuesta refundación del Estado, ha sido formulada enfáticamente por el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Rodolfo Abinader.
El prometedor postulante presidencial ha matizado en que reformará penetrantemente el sistema de justicia, que incluirá la designación de un Fiscal Nacional Independiente, tanto del presidente de la República como el Consejo Nacional de la Magistratura, y el incremento del presupuesto del Poder Judicial. Su desconexión con la administración pública de los últimos gobiernos, y su demostrado arrojo en la serenidad, auguran que atenderá un clamor colectivo que ha subido a un rango prioritario.
Indiscutiblemente, el quebrantamiento de las leyes concurre como el peñasco que gesta los principales padecimientos nacionales. La República Dominicana deambula por la cuesta del desconocimiento a las normas de control social –como se observa con la pandemia del coronavirus-, debido a la conveniencia política, la protección de acólitos, la inobservancia consciente por razones económicas, por auto-adjudicarse supuestos derechos adquiridos y por una errática interpretación de los principios democráticos y de la alternativa de subsistir.
El progresivo deterioro de la justicia, comenzando con la atadura del procurador general de la República a los designios del Poder Ejecutivo, desangra a la Nación. Y son sus secuelas la sustracción monetaria del Estado, el contrabando, la evasión fiscal, la venta falsificada de medicamentos, las muertes por los accidentes de tránsito, el dislocamiento de presupuestos de las construcciones públicas (hospitales, escuelas, carreteras, edificios, etc.), los porcentajes cobrados para asignar obras y también para pagarlas, y la vulneración de preceptos de comercio, medioambientales y laborales.
Esas falencias socio-jurídicas se han agravado ante la mirada impávida de todos nosotros, y parcela como inconcebible que incumbentes oficiales se lleven millones entre las uñas, paguen salarios suntuosos y jueguen macabramente con la dignidad de los más empobrecidos e ignorantes, a los que sazonan propagandísticamente las migajas que les entregan para que no se mueran. Esos desvaríos se nutren de las partidas que sacan a los magros salarios de empleados públicos y privados, y a los ingresos de los que regentean pequeños negocios y actividades profesionales liberales.
¿Qué propone Abinader para que no se siga subvirtiendo el ordenamiento jurídico desde las cúpulas del andamiaje partidario?
1.- Transformar el Ministerio Público, a través de un mecanismo compatible con la Constitución, a fin de viabilizar su independencia respecto del jefe de Estado y mantener a la Procuraduría General de la República su inamovilidad y representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales.
2.- Reformar el Poder Judicial para asegurar su imparcialidad e independencia, y restituirle al Consejo Nacional de la Magistratura su composición original para impedir que se nucleen mayorías mecánicas en favor de la barra palaciega, y posibilitar que los jueces sean seleccionados en razón del interés de la comunidad.
3.- Aumentar el presupuesto de la Judicatura, aminorar los elevados costos para el acceso a sus servicios y robustecer la carrera judicial.
Desde la sociedad primitiva, la obligatoriedad de los cánones conductuales, estampada en los códigos, ha sido esencial para la convivencia disciplinada y concordante. Y, cuando esos cánones son transgredidos, sobrevienen la corrupción, la impunidad, la inseguridad, el libertinaje y la socavación de los órganos jurídicos y la autoridad estatal.
Una élite cortesana e insaciable se lleva entre las uñas recursos financieros del erario público, y los derrocha en la vanidad personal y el clientelismo. Y cada vez que a un astuto desenfrenado lo colocan en la banqueta de los imputados, las presiones defensivas de los dirigentes superiores y conmilitones de los partidos, los expedientes saturados de huecos y las paroratas de abogados prostituidos, fulminan las pruebas enclenques instrumentadas por fiscales. Sin sorpresas, los jueces archivan o pronuncian descargos.
Y ese mal ejemplo de los de arriba es copiado por los de abajo. Una minoría de los que infringen las legislaciones cumple penas en mazmorras, y a la generalidad no se le imponen la sanción más benigna. ¿Funciona bien un colectivo social con esa alta carga de insubordinación a las disposiciones legislativas?
La prolongación con otro visaje y resuello del actual estado de cosas presagia el hundimiento de la economía en la cavidad más ensombrecida. Sin ánimo de ser un oráculo, si el cuadro no varía, muchos terminarán lanzándose del puente.
Lógicamente, el cambio de gobierno no será un abracadabras…, porque las grietas a la economía son pechudas y desusadas. El cambio sí traerá la esperanza de mejoría sustancial en la simetría y las condiciones de vida, así como en otras áreas, como el imprescindible tren judicial.
Más o menos el 70% -la media de las encuestas- del colectivo social revela desconfianza en los fiscales y jueces, y un porcentaje apreciable favorece que sea estatuido un Fiscal Nacional autónomo, que estimamos ha de ser respetado por su integridad, exhaustivo, equilibrado y vertical alejado de la piragua partidista. Devendrá en el tronco del legajo acusatorio, sin revanchismo político ni por tomar en cuenta ningún tipo de estatus, y que por su solidez probatoria a los árbitros no deje otra opción que la condena.
Abinader se muestra apuesto y exhibe fuerza de voluntad para trabajar coaligado con el poder ciudadano (grupos comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, gremios, fundaciones y otras entidades de la sociedad civil), para contener los usos excesivos/desmedidos de los recursos públicos.
La mayoría de los dominicanos dice en las encuestas que votará por el candidato del PRM, porque confía en que en un gobierno suyo los mandatos jurídicos serán aplicados sin resquicios. Tantos desacatos conminan a poner en vigencia la noción del contrato social a que -en 1762- planteó el filósofo y pensador suizo-francés Juan Jacques Rousseau.
Si reorganiza jurídicamente y disciplina al Estado, implantando y consolidando la ética pública y, sobre todo, auspiciando un Fiscal y jueces que sancionen con el sable de los edictos, como presidente de la República a Abinader tendrán que colocarle una segunda faja/enseña: la del padre de la auténtica institucionalidad democrática dominicana.
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