El Mirador
Por Luis Céspedes Peña
Diario Azua / 08 octubre 2022.-
En nuestro país, más que en la mayoría de naciones de América Latina, la política de Estado se desarrolla atendiendo a los intereses grupales, especialmente del gran capital.
Por ejemplo, el gobierno del Presidente Luis Abinader redujo la administración pública, eliminando instituciones como el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que generaba millares de empleos a favor de sectores necesitados, pero también provocando el alza de precios de todos los productos que se elaboran con azúcar.
Lo correcto sería que surja un gobierno o que el que está rectifique, y rescate al CEA, como a las demás empresas del Estado que fueron privatizadas en perjuicio de la totalidad de dominicanos. ¡Sólo para favorecer a un área del sector privado!
Desde que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegó al poder, comenzó a apresar a funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), bajo la acusación de corrupción en el Estado.
Para apresar a Alexis Medina, su hermana Lucia, a Fernando Rosa y otros, el gobierno les aplicó la llamada Medida de Coerción, la cual, según lo establece la Ley sobre la materia, debe comenzar con todo un proceso de investigación que conduzca a la elaboración de un expediente, con todas las pruebas, para entonces ordenarse la detención, como se hace en Estados Unidos.
Aquí se comenzó apresando a ese grupo de personas, hace dos años, y todavía se sigue buscando pruebas. Se acusa a Alexis Medina de venderle miles de millones de pesos al Estado, desde el gobierno de Joaquín Balaguer, siguiendo por los de los Presidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina Sánchez. Los Medina son hermanos del ex Presidente Danilo Medina Sánchez.
¡Pero eso no es un delito! En Estados Unidos hay compañías o personas individuales que tienen 50 años vendiéndoles a demócratas y republicanos.
La acusación de robo al Estado es si el suplidor recibió el dinero y no entregó las mercancías. Los precios son de oferta y demanda. No queremos decir que todos los apresados son inocentes.
Lo que sí parece es que dentro de ellos hay perseguidos políticos. Tampoco es verdad que todos los presos peledeístas fueron detenidos por la iniciativa de los magistrados Jeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho Peralta, sino que eso obedece a instrucciones políticas oficialistas, porque hay que recordar que en la campaña electoral del 2020, el PRM advirtió que tenía una lista de 125 funcionarios que serían procesados por corrupción. ¡Y eso es lo que se está haciendo!
A Fernando Rosa se le acusa de haberle facilitado una cantidad de millones de pesos a Fundación de Lucía Medina.
¡Eso tampoco es un delito! Lo que es un delito es que Lucía Medina, para seguir ese ejemplo, reparó una vivienda para una familia pobre y no presenta los gastos en facturas o documentos. Si presenta las facturas, otros documentos y la obra, con gastos reales, no hay robo.
Siendo así, no hay ninguna duda de que los jueces van a dejar en libertad a la mayoría de los acusados por falta de pruebas.
La situación parece más persecución política, porque los funcionarios destituidos por el Presidente Abinader, acusados de corrupción, no están en la cárcel, como ocurre con los de los gobiernos del PLD. ¡Y son muchísimos los actuales destituidos!
El problema es que el Presidente de la República dirige un gobierno de compromisos económicos, correspondientes a la campaña electoral del 2020.
La mayoría de los funcionarios del gabinete son multimillonarios, pero los reales dirigentes del PRM ocupan posiciones de tercera categoría o están desempleados.
El PRM tiene en Santiago a uno de sus más valiosos dirigentes, como es el caso del profesor universitario, licenciado José María Díaz (Tilía), el cual tiene todas las condiciones para ser el ministro de Educación. Es un político cubierto por la honestidad, el trabajo incansable y preocupado por las necesidades de los pobres. ¡A que se acaban los escándalos de corrupción en el Ministerio de Educación! Este perredeísta, ahora perremeísta, es un hombre querido en la base de su organización y fuera de ese ámbito tiene amplias relaciones. ¡Ahí el Presidente Abinader tiene a un honesto para Educación!
El ex diputado y abogado Marcos Martínez, un buen comunicador, debería estar en una posición relevante para ayudar a la base del PRM, como a sectores de los que él siempre ayudó cuando tuvo la oportunidad en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). ¡Pero lo tienen marginado!
Santiago, que es el centro de conducción política y económica de las 14 provincias del Cibao, aportando casi la mitad del Producto Bruto Interno (PBI) del país, tiene que estar recibiendo la supervisión directa del Presidente Abinader, porque la mayoría de los dirigentes del gobierno son infuncionales. ¡Y los que funcionan no tienen mandos!
Las grandes inversiones que está haciendo el gobierno en el Cibao, básicamente en Santiago, es para que Abinader tuviera el control político total, pero no es así. El Presidente Abinader tiene otro problema interno y es que la mayoría de sus funcionarios no lo tiene como el líder del PRM, sino al ex jefe de Estado, Hipólito Mejía, quien también controla el estamento militar.
En el Gran Santo Domingo, el gobierno no tiene control político. Ahí, el gobierno mantiene sentados a Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara y otros dirigentes de masas. ¡No sabemos por qué!
La lucha contra la corrupción es apoyada por la mayoría de dominicanos, pero sin parcialidad.
El Estado debe mantener a aquellos jueces y fiscales honestos, como es el caso del fiscal general Osvaldo Bonilla, de Santiago. Desde que este funcionario llegó a Santiago procedente de su jurisdicción de Puerto Plata, se inició un proceso de reorganización que está dando buenos resultados a favor del adecentamiento de la Justicia.
Tenemos que admitir que la mayoría de los jueces de Santiago, está cubierta por un alto grado de honestidad, como es el caso del presidente del Segundo Juzgado de Instrucción, Job García Hurtado. También hay muchos representantes del Ministerio Público meritorios, aunque no todos. Los fiscales y jueces honestos son un orgullo para el país.
El magistrado Bonilla, desde que llegó a Santiago, puso “sus miradas” hacia el personal del área de los fiscales policiales, “poniendo recto el camino”.
Los fiscales y jueces que tienen buenas actuaciones, deben ser ratificados en sus cargos, sin que tengan que repetir sus participaciones en los concursos que organizan el Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo Nacional del Ministerio Público. ¡El país no debe seguir perdiendo a sus mejores funcionarios, los cuales-en la mayoría de los casos-son sustituidos por personas que sólo van a enriquecerse.
Esa es la razón por la cual la mayoría de dominicanos, respalda la idea de que se vuelva al pasado, que el Presidente de la República designaba a los miembros del Ministerio Público y el Senado a los jueces.
Podría entenderse como una vuelta al atraso, pero en este caso es en beneficioso para el país. Así sucedía en los gobiernos de Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y una parte del régimen de Leonel Fernández Reyna.
Como ya escribimos en un trabajo anterior de que si el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP)se unen, por ser del mismo entorno del boschismo, ganarían todo el proceso electoral en el 2024, pero de no ocurrir, el Presidente Abinader sería reelecto.
A esto le agregamos que el jefe de Estado sabe cuál es la simpatía que tiene en la población. Y también sabe que la mayoría de los ministros y directores generales no suman votos para ganar, porque son los que llegaron al gobierno impuestos por sus millones, no por la popularidad política.
Pero el Presidente, consciente de esa realidad, trabaja para si el PRM pierde las elecciones, en caso de que se repostule, evitar la casi desintegración y convertirse en el poderoso líder de la oposición. Abinader sabe que la presión del alto costo de la vida y los continuos escándalos de corrupción, hacen imposible su victoria, si el PLD y la FP acuden unidos a las elecciones.
Pero siempre tiene que tener el espacio abierto, porque ¿y si la oposición no se une? Es criticable el pobre trabajo político que está haciendo la mayoría de funcionarios.
Con la cantidad de dinero que hasta el 2020 (o los gobiernos del PLD), se gasta para comprar la alimentación de una semana, hoy hay que utilizar casi cuatro veces la cantidad. El apartamento que costaba dos millones de pesos, hoy vale cuatro y más. Eso es demoledor para el Presidente Abinader. Tenemos que reconocer su espíritu de trabajo. ¡Pero tiene muy poca ayuda!
¡Gracias por leernos!
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