Por Emilia Santos Frías
Diario Azua / 12 junio 12.-
La persona migrante como todo ser humano, posee derechos fundamentales, inherentes, que deben ser garantizados por todos los Estados para proteger su dignidad; su valor intrínseco o íntimo. Esos son los derechos que nos acompañan durante toda la vida y en cualquier circunstancia; que nos guían con su doble función a vivir en igualdad con nuestros semejantes y a mantenernos vigilantes en la defensa de nuestras libertades sociales, políticas, económicas y culturales.
Siendo los derechos humanos universales, porque pertenecen a las personas; imprescriptibles, es decir permanente mientras se posee vida, y además, inviolables, nos cuestionamos ¿por qué resulta tan difícil para los gobiernos de los países de las rutas de migrantes, como la región del Triángulo del Norte de Centroamérica hacia los Estados Unidos, proporcionar servicios de salud oportunos y suficientes?
¿Por qué tantas barreras para que las personas migrantes accedan con facilidad a servicios de salud pública?, sin duda, así no garantizan derechos humanos, las trabas que colocan solo desprotegen a esta población.
Solo en la región del Triángulo del Norte de Centroamérica hacia los Estados Unidos, más de 300 mil migrantes, padecen todo tipo de peligro, en un viaje peligroso y duro; expuestos además, ante necesidades de salud, siendo más vulnerables las mujeres y niñas que emprenden esa ruta, de acuerdo a investigaciones de la Universidad de Texas en Austin. El número sigue en aumento.
Por esta razón, es perentorio que los gobiernos y las organizaciones humanitarias entre otros temas, también aborden los insumos, servicios de salud sexual y reproductiva. Su entrega de manera confidencial, sin requisitos que a la persona migrante, como solicitarles documento de identidad o llenado de una larga historia clínica. Es necesario el acceso a anticonceptivos, antirretrovirales y productos menstruales. Para nadie es un secreto los peligros que asechan a la población migrante, uno de ellos es la violencia sexual.
Al mismo tiempo, los Estados de todo el mundo deben de forma sistemática promover el autocuidado de la salud, mediante la entrega gratuita de kits de anticoncepción de emergencia, de anticonceptivos reversibles de larga duración y de consejería adecuada. Eliminar procedimientos y procesos burocráticos que sólo logran violentar derechos humanos de las personas migrantes.
Hace ya 43 años que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), nos preciso que los derechos de la mujer también se violan cuando se le impide obtener atención medica o se somete a prácticas tradicionales que la dañan física y mentalmente.
¡Preservemos la vida de nuestras niñas y mujeres!; esto se logra si dejamos de hacer caso omiso a sus necesidades. Es tiempo de crear nuevas políticas públicas, fortalecer las normas y operativizar las acciones de protección a derechos. Es preciso promover una migración segura y para dejar de infringir derechos de las mujeres.
Durante el año 2021, la Policía de Fronteras de los Estados Unidos detectó a 684 mil personas extranjeras del Triángulo del Norte en la frontera Suroeste del país, de los cuales 309 mil eran hondureños, 279 mil guatemaltecos y 96 mil salvadoreños. Diecisiete por ciento eran menores de edad, sin compañía adulta; 39% viajaban como familia y un 45% adultos solos.
La naturaleza clandestina de la migración, la falta de documentos, el miedo a presentar documentos de identificación, la corrupción sistemática en autoridades que deberían proteger a la persona migrante, las pandillas delincuenciales o maras y las bandas criminales, entre otros, son parte de los enormes escollos que enfrentan las personas migrantes, afirma Milka Dinev, asesora regional del ForoLAC y funcionaria de la Coalición Global de Suministros de Salud Reproductiva.
“Las personas migrantes dejan sus países por razones socioeconómicas; desastres naturales que les hacen perder todas sus pertenencias; seguridad personal y falta de buen gobierno. El viaje puede durar entre 3 meses a 2 o 3 años, ya que, muchos deben ir trabajando en el camino para poder financiar el viaje. Son discriminados, no solo por su estatus migratorio, también por su pobreza; falta de educación; habilidades de trabajo y de conocimiento de las rutas de viaje”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que compromete a los Estados, expresa que toda persona tiene derechos, entre otros, a la salud y al bienestar; a la asistencia médica. Por lo que, los Estados tienen obligación con los derechos sexuales y reproductivos, con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Carga una deuda pendiente: eliminar la violencia hacia la mujer y la niña; las desigualdades de poder; propiciar equilibrio en la sociedad.
Es bien sabido que las mujeres y niñas migrantes inician el viaje de manera fatalista, ya que, toman por sentado que serán víctimas de violencia de todo tipo, y de violación sexual como parte del proceso para llegar a los destinos fijados, específicamente al Norte. De ellas, 80% son violadas durante el tránsito. Mientras los protocolos de atención a migrantes presentan carencias abismales en su cumplimiento. Las trabas y requisitos burocráticos de los Estados, les ahuyenta. A todo esto, se suma el alarmante porcentaje de tráfico y trata de mujeres jóvenes y niñas.
Esa obligación de los Estados con el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos está también concebida en las metas, que se fijó el mundo para gestionar bienestar colectivo, hablamos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que busca entre otros temas, erradicar la pobreza extrema y el hambre; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades...
Hacemos un llamado apremiante al acceso a servicios de anticoncepción que proteja a mujeres y niñas de un embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual. Las migrantes permanecen suficiente tiempo en el mismo lugar, donde pueden con políticas públicas pertinentes, acceder a servicios de salud. No basta con la solidaridad en albergue, ropa y algunos productos de higiene, que ofrecen las agencias humanitarias.
Latinoamérica tiene entre los países con mayor cantidad de migrantes internacionales, a Argentina, seguido de Colombia, Chile, México, Venezuela, Brasil, Haití, Cuba, República Dominicana, El Salvador Perú, Guatemala, Ecuador, Argentina, Honduras, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Uruguay, Costa Rica y Panamá, según da cuenta el informe del año 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Ante lo descrito precedentemente, los gobiernos están en el deber de actualizar constantemente los planes nacionales de salud; de derechos humanos, para garantizar justamente eso, así como, para aportar seguridad, servicios y justicia a la mujeres y a las niñas.
Asimismo, es necesaria la capacitación y sensibilización sistemática de todo el personal de la administración pública: administradores de salud, justicia; ministerio público, militares y policías que accionan protección a derechos fundamentales desde las distintas instituciones de los Estados, que como dice la maestra Regina Félix, en la investigación realizada acerca de la trata de personas, denominada: "Hijas de la Gran Puta", situaciones como las que nos convoca este escrito, parecieran que "se les escapan a las autoridades, mientras, los controles no funciona al nivel que esperamos". La deshumanización arropa hoy más que nunca a la sociedad y como es bien sabido, los Estados siempre fallarán cuando no tienen ni muestran intención de proteger.
Hasta pronto.
La autora reside en Santo Domingo
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