Diario Azua / 7 de julio 2026
Manuel de Jesús Ureña calificó como "prudente" la apertura del Congreso y alertó sobre las implicaciones de la Ley 74-25 en la libertad de prensa y el ejercicio de la medicina.
SANTO DOMINGO. – El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) valoró como una decisión oportuna y saludable la iniciativa de la Cámara de Diputados de abrir un proceso de consultas públicas para revisar varios de los artículos más controvertidos de la Ley 74-25, legislación que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
El secretario general del gremio periodístico, Manuel de Jesús Ureña, afirmó que la disposición de la Cámara Baja de recibir propuestas y escuchar las observaciones de la sociedad civil es una señal positiva para el fortalecimiento democrático y el Estado de derecho.
“La decisión legislativa contribuye a generar tranquilidad en amplios sectores que han manifestado serias preocupaciones sobre determinadas disposiciones de la nueva legislación penal”, manifestó el dirigente gremial.
Los artículos bajo la lupa del periodismo y la medicina Ureña detalló que el debate público y el cuestionamiento por parte de comunicadores, juristas y defensores de los derechos humanos se concentran de manera específica en los artículos 192, 208, 209, 211 y 310 de la Ley 74-25. Según los análisis del sector periodístico, dichos apartados poseen implicaciones que podrían comprometer la libertad de expresión, el libre acceso a la información y otras garantías fundamentales.
Asimismo, el titular del SNTP recordó que las alertas no provienen únicamente de los medios de comunicación. El sector salud, representado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), ha solicitado de manera formal la revisión del texto legal debido a artículos que, a su juicio, criminalizan el ejercicio profesional de la medicina y amenazan con empujar a los profesionales hacia la práctica de una "medicina defensiva" por temor a severas sanciones penales.
En busca del consenso constitucional Para el SNTP, cualquier reforma o modificación que surja de este proceso de revisión debe estar estrictamente alineada con la Constitución de la República.
Ureña exhortó a los legisladores a mantener los canales de diálogo abiertos de manera permanente con los gremios profesionales, la academia y los sectores sociales para construir los consensos necesarios en torno a una ley penal que logre equilibrar la seguridad jurídica sin lacerar las libertades ciudadanas.
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