La comisión especial de senadores que estudia la reforma policial reunida (FUENTE EXTERNA)
Diario Azua / 24 de junio 2026
La tan prometida transformación de la Policía Nacional Dominicana se encuentra en cuidados intensivos. A pesar de ser uno de los proyectos insignia del Gobierno desde 2021, la pieza legislativa corre el riesgo inminente de perimir (caducar) si no es aprobada por ambas cámaras del Congreso antes del próximo 26 de julio, fecha en que concluye la actual legislatura ordinaria.
El contraste es evidente: mientras el plan fiscal del Poder Ejecutivo se convirtió en ley en menos de una semana, el proyecto de reforma policial lleva siete meses estancado en una comisión especial del Senado sin lograr un informe favorable.
Los obstáculos que frenan la ley
El proyecto, depositado el 8 de diciembre de 2025, consta de 345 artículos. Aunque la comisión especial ya concluyó su lectura, una serie de trámites de último minuto amenazan con congelar la iniciativa:
Nuevas modificaciones: El propio Ministerio de Interior y Policía (creador del proyecto) envió recientemente observaciones para ajustar el texto al nuevo Código Penal que entra en vigor en agosto.
Prórrogas legales: El Departamento de Revisión Legislativa solicitó dos semanas adicionales para evaluar aspectos constitucionales.
Opiniones pendientes: Aún se esperan las observaciones finales de varios senadores antes de emitir un dictamen.
El senador Franklin Romero, presidente de la comisión, admitió que el panorama es complejo, ya que el texto no solo debe aprobarse en el Senado, sino que luego debe agotar todo el mismo proceso burocrático en la Cámara de Diputados.
Una reforma urgente en medio de escándalos
La lentitud del Congreso choca de frente con la realidad social. El debate coincide con recientes investigaciones que vinculan a altos generales de la Policía con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Al ser cuestionado sobre si la nueva ley permitiría que "policías juzguen a otros policías", Romero defendió las intenciones de la pieza:
"El objetivo es dotar al sistema de mayor transparencia. Tenemos 30,000 policías actualmente y que salgan algunos cuantos malos... lo importante son los que salen buenos, que son más", afirmó el legislador.
¿Qué propone la nueva ley?
Si logra salvarse del archivo, la legislación busca sustituir la actual Ley 590-16 e introducir cambios estructurales profundos:
Consejo Superior Policial: Un nuevo máximo órgano de dirección estratégica integrado por el Gobierno, el Ministerio Público y la propia uniformada para supervisar ascensos y rendición de cuentas.
Control de recursos: Fortalecimiento de las auditorías internas y la prohibición de asignar agentes policiales a instituciones públicas ajenas a su labor de seguridad.
Depuración: Nuevos y más estrictos mecanismos de reclutamiento y regímenes disciplinarios.
A solo semanas de que el reloj legislativo llegue a cero, la reforma clave para la seguridad ciudadana sigue en el limbo, demostrando que la burocracia congresual avanza a un ritmo muy distinto al de las promesas de campaña.
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