Diario Azua / 15 de abril 2026
Houston, Texas – La ciudad más grande de Texas se encuentra en una encrucijada política. Apenas una semana después de haber aprobado restricciones para limitar la colaboración policial con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el alcalde de Houston, John Whitmire, ha convocado a una sesión de emergencia para este viernes con el fin de revertir dichas medidas.
La decisión no es casual. El gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó un ultimátum financiero: o Houston elimina las directrices de protección migratoria o la ciudad perderá más de 100 millones de dólares en fondos estatales destinados a la seguridad pública.
¿Qué está en juego? Las directrices actuales prohíben que la policía local prolongue detenciones rutinarias (como paradas de tráfico) con el único objetivo de facilitar que el ICE intervenga y arreste a personas indocumentadas. Sin embargo, el fiscal general del estado, Ken Paxton, sostiene que esta normativa viola la ley estatal SB4, la cual obliga a los departamentos de policía locales a cooperar plenamente con las autoridades federales de inmigración.
El alcalde Whitmire justificó el posible retroceso asegurando que la pérdida de esos fondos generaría una "crisis de seguridad" que afectaría tanto a policías como a bomberos, un riesgo inasumible en un año donde Houston será sede del Mundial de Fútbol.
El debate legal Mientras el gobierno estatal aprieta las tuercas financieras, organizaciones como la ACLU defienden la ordenanza original. Argumentan que retener a una persona para el ICE sin la orden de un juez es, de hecho, una violación constitucional.
Este conflicto posiciona a Houston en el centro del debate nacional sobre las "ciudades santuario", enfrentándola a la misma presión que ya viven metrópolis como Nueva York y Chicago, pero con el agravante de una legislación estatal texana que castiga severamente la falta de cooperación migratoria.
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