Diario Azua / 18 de abril 2026
Santo Domingo, R.D. – El panorama de la libertad de expresión y el uso de las redes sociales en la República Dominicana está a punto de transformarse radicalmente. A partir del próximo mes de agosto, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, las ofensas al honor y la dignidad dejarán de ser simples disputas económicas para convertirse en delitos castigables con hasta una década tras las rejas.
El fin de la impunidad en redes sociales La nueva legislación pone especial énfasis en el entorno digital. Creadores de contenido, influencers, usuarios de YouTube y servicios de streaming ahora están bajo la lupa de una normativa que endurece significativamente las penas. Mientras que la ley actual contempla un máximo de un año de prisión, el nuevo articulado eleva la difamación estándar a penas de dos a cinco años de prisión menor.
La nueva figura: Difamación extorsiva El cambio más drástico aparece en el artículo 209, que introduce la difamación extorsiva. Esta figura se configura cuando alguien imputa un hecho falso o lesivo con el objetivo de obtener dinero, beneficios o forzar a la víctima a realizar una acción en su contra.
Para este delito, las sanciones son severas:
Penas de 5 a 10 años de prisión mayor.
Multas que oscilan entre los 10 y 20 salarios mínimos del sector público.
Agravante por grupo: Si el hecho es cometido por dos o más personas (común en campañas de descrédito orquestadas), la pena se fijará automáticamente en los 10 años.
Responsabilidad extendida El Código Penal no solo perseguirá a las personas físicas; por primera vez, se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas o medios de comunicación) en casos de difamación.
No obstante, la ley mantiene salvaguardas para el ejercicio democrático, estableciendo excepciones para los discursos emitidos en el Congreso Nacional, documentos oficiales del Estado y las actuaciones técnicas dentro de los tribunales.
Con esta reforma, la sociedad dominicana se encamina hacia un ejercicio de la comunicación más responsable, donde el daño a la imagen ajena en plataformas digitales tendrá consecuencias penales directas y contundentes.
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