SANTO DOMINGO – Veintitrés años después de su promulgación, la Ley 136-03, que rige el sistema de protección a menores en República Dominicana, se prepara para un cambio profundo. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) ha iniciado formalmente el proceso de reforma para ajustar esta normativa a las realidades, desafíos y urgencias de los niños, niñas y adolescentes en pleno 2026.
Más allá de la letra: un enfoque integral El proyecto no es un simple ajuste legal; es una reingeniería del Sistema Nacional de Protección. Tras un diagnóstico técnico profundo, el equipo de expertos busca cerrar las brechas que, durante años, han limitado la capacidad del Estado para responder ante el abuso, la vulnerabilidad y el maltrato.
"Toda política pública tiene que pasar por el filtro del interés superior del niño; debe estar motivada y justificada para garantizar su bienestar como centro de cualquier decisión", explicó Eva Rodríguez, consultora y parte del equipo coordinador del proyecto.
¿Qué trae de nuevo esta reforma? La actualización pretende integrar un entorno jurídico robusto que incorpore tratados internacionales ratificados por el país. Entre los pilares fundamentales que la ley busca reforzar están:
Derechos civiles y de identidad: Acceso garantizado al nombre, nacionalidad y documentación desde el nacimiento.
Derechos familiares: Asegurar que el menor crezca en un entorno afectivo y de desarrollo familiar.
Prioridad absoluta: Establecer que en cualquier decisión judicial o administrativa, el bienestar del menor sea la prioridad innegociable.
Un bloque institucional unido La reforma no camina sola. El Conani ha convocado a una mesa de trabajo masiva que incluye desde el Ministerio de Educación (Minerd) y Salud Pública, hasta la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional. El objetivo es que la nueva ley no sea solo un texto escrito, sino una herramienta operativa que sincronice a todas las instituciones del Estado bajo una misma visión.
Con este proyecto, la República Dominicana da un paso hacia un sistema más preventivo y eficaz, asegurando que la niñez no solo sea una prioridad en el discurso, sino una garantía blindada por la ley.
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