"Costo de la indexación: El Estado proyecta una reducción de RD$25,000 millones en sus ingresos anuales si aplica el ajuste por inflación a los salarios. (Foto: Fuente Externa S/M)
Diario Azua / 26 de marzo 2026
Mientras el Gobierno frena la indexación del ISR para ahorrar RD$25,000 millones, la Ley 105-13 cumple 13 años en el "limbo", permitiendo que altos funcionarios ganen más que el Presidente.
SANTO DOMINGO. El sistema salarial dominicano opera hoy bajo una profunda contradicción legal y ética. Por un lado, el Poder Ejecutivo mantiene bloqueada la indexación salarial establecida en el Código Tributario, lo que obliga a empleados que ganan apenas RD$34,685 a pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR). Por el otro, la falta de voluntad política para reglamentar la Ley 105-13 de Regulación Salarial ha creado una casta de funcionarios con sueldos que desafían la jerarquía constitucional.
El golpe al bolsillo del trabajador
La omisión del artículo 45 de la Ley de Presupuesto 2026 ha llevado a la oposición a depositar una acción directa ante el Tribunal Constitucional. Si se aplicara la ley vigente (11-92), el mínimo exento del ISR debería subir a los RD$52,000, aliviando la carga económica de miles de familias golpeadas por la inflación y la crisis internacional. Sin embargo, el Gobierno justifica el congelamiento para no dejar de percibir unos RD$25,000 millones anuales.
La Ley 105-13: Una normativa "natimuerta"
Aunque la ley se promulgó en 2013 tras un intenso choque entre las facciones de Leonel Fernández y Danilo Medina, su reglamento de aplicación nunca vio la luz. Esta ausencia de reglas claras ha permitido distorsiones alarmantes:
Violación de jerarquía: Al menos nueve funcionarios de direcciones autónomas (como Impuestos Internos, Aduanas y Alianzas Público-Privadas) perciben salarios que superan los RD$500,000, excediendo el tope de RD$450,000 fijado para el Presidente de la República.
Descontrol en beneficios: Auditorías de 2022 revelaron un manejo discrecional de bonos de combustible que superan con creces el límite del 10 % del salario establecido por la ley.
Falta de voluntad y apoyo empresarial
Pese a que en 2022 se redactó una propuesta de reglamento, esta nunca fue promulgada. En su lugar, el Ministerio de Administración Pública (#MAP) ha sugerido modificar la ley para eliminar los topes fijos, una medida que críticos ven como una forma de legalizar las actuales distorsiones.
Curiosamente, el sector empresarial, representado por el #CONEP, se ha alineado con la propuesta del senador Omar Fernández para que se aplique la indexación. César Dargam, vicepresidente del gremio, sostiene que la medida es necesaria para mitigar la presión económica actual, integrándola a una reforma fiscal integral que no cargue únicamente a los hombros del trabajador.
Mientras el Tribunal Constitucional delibera, el Estado dominicano sigue proyectando una imagen de austeridad para los de abajo y de discrecionalidad para los de arriba, manteniendo una ley de regulación salarial que, tras 13 años, parece ser solo un adorno en el marco jurídico nacional.
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