Diario Azua 19 de enero 2026
La magistrada dictaminó que el Gobierno puede exigir un aviso de siete días antes de cualquier visita legislativa. Mientras se limita la supervisión, las detenciones alcanzan cifras récord y los centros registran su año más mortífero.
Washington D.C. – La supervisión de los centros de detención de migrantes en Estados Unidos enfrenta un nuevo obstáculo legal. La jueza federal Jia Cobb, del Distrito de Columbia, respaldó este domingo la potestad de la Administración Trump para imponer límites estrictos a las visitas de los miembros del Congreso a estas instalaciones.
Con esta orden, el Gobierno podrá seguir exigiendo que los legisladores notifiquen sus inspecciones con al menos siete días de antelación, una medida que los críticos califican como una táctica para "maquillar" las condiciones de los centros antes de las visitas.
Un laberinto legal para la oposición
La decisión judicial supone un balde de agua fría para un grupo de legisladores que había logrado frenar una norma similar en 2025. La jueza Cobb argumentó que, al haber modificado levemente la directriz original, se trata técnicamente de una "nueva medida", obligando a los congresistas a reiniciar el proceso legal y presentar una nueva demanda si desean impugnarla.
Aunque la magistrada aclaró que su fallo no valida la legalidad de fondo de la norma, sí permite que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúe restringiendo el acceso inmediato.
Tensión en la frontera y las ciudades
Este fallo llega tras meses de confrontaciones directas en las que se ha impedido el paso a legisladores en:
San Diego (California): Bloqueos en instalaciones fronterizas.
Illinois: Negativa de acceso al centro de Broadview.
Minneapolis: Restricciones parciales a las congresistas Ilhan Omar y Angie Craig.
Cifras alarmantes: Récord de detenciones y muertes
El blindaje de estos centros coincide con una crisis de gestión sin precedentes bajo la actual administración:
Hacinamiento: Un promedio de 73,000 migrantes bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001.
Mortalidad: El año pasado se convirtió en el más letal en dos décadas, con más de 30 fallecimientos de personas bajo custodia de ICE.
Mientras el Gobierno justifica las restricciones por "razones de seguridad", los legisladores opositores denuncian que la falta de visitas sorpresa impide auditar adecuadamente el trato a los detenidos en un momento de máxima presión migratoria.
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