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lunes, 28 de marzo de 2022

Advierten visita del Presidente Abinader a Tamboril podría no convenirle al gobierno


Por Luis Céspedes Peña
Tamboril, Santiago, Rep. Dom. / Diario Azua / 28 marzo 2022.-

Propietarios de terrenos, muchos de los cuales están invadidos por decenas de personas que se dedican a delinquir, advirtieron al Presidente Luis Abinader, tener mucho cuidado con aceptar una invitación que le están haciendo algunos grupos de este Municipio, porque entre ellos está la Asociación de Invasores, que se hace llamar Junta de Vecinos Tierras Prometidas, que presiona para que el gobierno declare esas áreas de Utilidad Pública

Los señores José Narciso Peña y Luis Rodríguez, dicen que ese grupo es el responsable de las invasiones de terrenos privados en Tamboril.

Los voceros de esas tierras afirmaron que el plan de invitar al Presidente Abinader a Tamboril, es para solicitarle que declare de Utilidad Pública los terrenos privados que están siendo invadidos, así como otros que fueron ocupados hace poco en la zona de Maizal, pero que los invasores fueron sacados por las autoridades.

Recordaron que se trata de los mismos invasores denunciados por el alcalde Anyolino Germosén. Precisaron que en la actualidad, sus dirigentes están sometidos a la Justicia por ocupar parte de seis parcelas de unos empresarios canadienses, ubicadas en Bocas de Licey y Boca de Maizal. Más del 90 por ciento de los invasores, no son de Tamboril.

Los denunciantes afirman que esa llamada Junta de Vecinos Tierras Prometidas, también está invadiendo parte de los terrenos de la Finca El Reino de los Peña, ubicados en la misma zona de los canadienses.

Destacaron que tanto las tierras de los Peña, como las de los canadienses, están documentadas. La Finca el Reino de los Peña, está en poder de esa familia desde hace unos 130 años, administrada por herederos de generación en generación. El último en administrar esa propiedad fue José Peña Céspedes (Pingue), el cual murió recientemente de COVID en Estados Unidos.

El propietario original era el fallecido Narciso Peña, quien procreó 11 hijos (nueve hembras y dos varones), y crió otros 10, para una cantidad de 21. Las tierras están a nombre de Peña, hijos de crianza y esposos de hijas del fallecido, con una cantidad aproximada a las cinco mil tareas.

De acuerdo a los denunciantes, los canadienses tienen en proyecto la construcción de un hotel turístico en sus tierras, pero tienen el inconveniente de que parte de ellas están invadidas.

Esos empresarios adquirieron legalmente esas seis parcelas, las cuales eran propiedad de Juan Riquelme Blanco, un oficial retirado del Ejército de Estados Unidos.

José Narciso Peña dijo que, en lo que respecta a las tierras de su familia, en los próximos días presentarán una denuncia en la Fiscalía de Tamboril, con la idea de que los ocupantes ilegales devuelvan los terrenos, pero que si no lo hacen, entonces formalizarán una querella por la ocupación de terrenos (que significa robo en el Código Penal), y que se categoriza como Asociación de Malhechores, con penas que van desde los seis meses hasta los 30 años de prisión.

Los Peña tienen en proyecto, para el cual están buscando el apoyo del gobierno del Presidente Abinader, para volver a poner en producción la finca, la cual era utilizada para la crianza de ganado, abeja, la agricultura y la conservación del bosque, mediante la práctica de explotación sostenida, que consiste en cultivar o cuidar los animales con podas de los árboles, lo que permite la inmediata recuperación de las áreas donde se cultiva.

El Ayuntamiento de Tamboril le negó el reconocimiento a la llamada Junta de Vecinos Tierras Prometidas, por estar compuesta, al 100 por ciento, por invasores de terrenos privados.

Los denunciantes dicen que se habla de que hay varios funcionarios, los cuales estarían detrás del movimiento para que el Presidente declare de Utilidad Pública esas tierras y beneficiarse con parte de ellas.

La mayoría de los ocupantes ilegales de esas tierras no son los que las invadieron, debido a que éstos “vendieron” solares a 15 y 20 mil pesos, aunque en el mercado legal tienen precios mínimos que sobrepasan los 800 mil pesos.

También informaron que le solicitarán a la Regional Norte del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la realización de una investigación, en virtud de que invasores dicen que supuestamente varios agrimensores entran a medir en esas tierras, sin que se sepa cuál es el objetivo, por lo que también alertaron a las autoridades del Tribunal de Tierras (o Jurisdicción Inmobiliaria), de cualquier tipo de falsificación de documentos de esos terrenos o, en caso contrario, podría tratarse de estafadores.
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