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Oscar López Reyes
Cuando toqué suelo capitalino, en 1976, mis ojos se abalanzaron hacia letreros colocados en paredes: “se alquila esta casa, menos a policías ni abogados”. Inequívocamente, avivatos jurídicos incentivan la impunidad y acumulan fortunas amparados en la constitucional facultad de socorro, los tecnicismos, dilación de procesos, uso abusivo e intimidatorio del derecho y la prevaricación.
Los prominentes antiguos letrados e intelectualizados –a veces mientras más doctos, más descarriados tienen el cerebro- son campeones en la protección de los más connotados saqueadores del erario público, narcotraficantes y malhechores, que para liberarlos utilizan los procedimientos más inverosímiles.
La Constitución establece la prerrogativa de abrigar a supuestos infractores para procurar la verdad, pero no obliga a asumir casos, a falsear documentos, sacar pruebas de expedientes, fabricar testigos ni a la litigación temeraria. Su nivel de escrúpulos determina cuál escoger o dejar a la Defensoría Pública. La búsqueda desenfrenada de emolumentos se tiende como una afrenta para una legión de jurisconsultos esclarecidos y honorables.
Un raudal de litigantes se ha prostituido: se apoderan engañosamente de pertenencias ajenas, son acusados de estafar, falsificar títulos de propiedad y otros documentos; se confabulan con delincuentes, fiscales, policías y alguaciles para integrar mafias, embargar sin cumplir el debido proceso y realizar otras prácticas anti-éticas.
Los abogados son los profesionales más desprestigiados y, como deriva, los que generan más desconfianza. Y, para coaccionar y engatusar, profanadores de siete leguas se infiltran en medios de comunicación, deteriorando aún más el buen nombre del periodismo, y se atrincheran en partidos políticos y organizaciones no lucrativas.
El Colegio de Abogados reveló, hace unos años, que más de 200 de sus miembros (pírricos en comparación con sus actos espurios) eran procesados por querellas presentadas por clientes, atrapados los togados por la falsa creencia de que -para tener éxito- hay que ser ponzoñosos y perniciosos.
Si de juzgar se trata, lo apremiante sería comenzar con el propio gremio, que hace tiempo abandonó su responsabilidad de controlar adecuadamente esta carrera y de proteger a los ciudadanos, que a través de un sello pagan su funcionamiento.
Ante este desorden explosivo y la caída de credos, se impone que ese Colegio sea saneado y relanzado, que las universidades revisen sus programas y catedráticos, y que en los expedientes no políticos la Suprema Corte sea más rigurosa en la sanción disciplinaria con los que delinquen -que pretenden obstruir apelando descabelladamente a los recursos-, para sentar precedentes.
El abogado es un auxiliar por excelencia de la Justicia, y su código manda a dirigir esfuerzos sanos, sin timar, para el triunfo de la ley y el derecho. Rentabilizan, no tanto la erudición y el interés por ingeniarse unos pesos sucios, sino la rectitud de conciencia y la nobleza.
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