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Por Ramón Mercedes
Nueva York / Diario Azua.-
Decenas de dominicanos en esta ciudad recuerdan a los senadores de la República Dominicana que “La voz del pueblo es la voz de Dios” (vox populi, vox Dei), y la democracia descansa en el pueblo, que es el mismo que está demandando la escogencia del doctor Ramón Arístides Madera Arias como presidente de la nueva Junta Central Electoral (JCE).
En un documento de prensa, los quisqueyanos señalan que respetados profesionales, empresarios, asociaciones, clubes, deportistas, pastores de iglesias, rectores de universidades, periodistas, ciudadanos comunes y más de 500 organizaciones en los cuatro puntos cardinales del país caribeño, están demandando la escogencia de Madera Arias, como presidente del organismo electoral.
Hemos sido testigos y conocedores del respaldo mayoritario que le han profesado representativos de los más variados sectores quisqueyanos, porque tienen el deseo que la JCE garantice elecciones transparentes, con voluntad de desbaratar la mafia dedicada a la suplantación de identidades, y emitir cédulas falsas a narcotraficantes y extranjeros ilegales.
Asimismo, se requiere una dirección con capacidad, impoluta, tener experiencia en la justicia, que no haya sido señalado con partido político alguno, ni envuelto en escándalos, que haya demostrado acciones firmes en pro de fortalecer la democracia, que sea honesto y vertical en sus decisiones, haber demostrado transparencia en su vida pública, privada, apegado a la moral y buenas costumbres.
Recordaron las firmes decisiones de Madera Arias, para enfrentar el depósito del material tóxico Rock-Ash en Manzanillo-MonteCristi en el 2003, sometiendo a la justicia a los funcionarios involucrados en esa actividad; además, la profunda investigación sobre la matanza de Paya en Baní, cuando mataron siete narcotraficantes, en el 2008; y la investigación del secuestro del joven Baldera Gómez, señalando que fue una ejecución hecha por la Policía Nacional, cuando mató a los dos presuntos secuestradores.
Asimismo, enfrentar a 32 oficiales policiales y militares (coroneles, mayores y capitanes), con asiento en Puerto Plata, porque estaban involucrados y protegían a la banda del principal y más grande narcotraficante de la región norte, perteneciente por un capo apodado El Gallero.
En el 2004 apresó y sometió a la justicia a dirigentes políticos y funcionarios que se querían aprovechar de la campaña electoral para deforestar, sin obtener el permiso correspondiente, de las áreas protegidas de Montecristi.
Entre los firmantes figuran, los que anteriormente les han dado su respaldo, Willian Encarnación, Milagros de Rodríguez, José Calderón, Víctor Manzueta, Ingrid de Medrano, Melaneo Rojas, Hugo Sierra, Euclides de los Santos, Mario Valdez, Rodolfo Zorrilla, Hansel Vargas, Emiliano Paredes, Emilio Rojas, Joel Rivera y Anthony Carrasco, entre otros.
Entre los firmantes del documento figuran los quisqueyanos Alberto Russo, Nancy Ogando, Altagracia Jorge, María Guzmán, Floralba Peguero, Martha Soto, Antolín Ureña, Osvaldo de Jesús, Fany Pérez, Rafael Mercado, Jesús de la Rosa, Mercedes Espinal, Luis Velásquez, Rafael Cruz, Margarita de los Santos, María Cuevas, Mayra Toribio, Nelson Zapata, John Valenzuela, Arcadio Roble, Meregildo Rodríguez, Thomás Espaillat, Henry Balbuena, Teófilo Rivas, Wilfredo Morales, Claudio Cedeño, Wilson Ruíz y Silfredo Castillo, entre otros.
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