Titulares

jueves, 27 de julio de 2017

Radhamés Jiménez, ex Procurador General de la República destaca incongruencias de expediente de los supuestos sobornos de Odebrecht.


Santo Domingo, RD.-

El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, Radhamés Jiménez, miembro de su Comité Político, coincidió con la magistrada Mirian Germán Brito en el sentido de que el expediente en el caso de Odebrecht elaborado por el Ministerio Público es muy flojo.

Jiménez, quien también es miembro del Comité Político del PLD, se refirió al tema a propósito de darse lectura ayer a la decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia convertida en Corte de Apelación, para conocer del recurso que presentaron los abogados de los imputados en los supuestos sobornos de la constructora Odebrecht.

“Yo creo que la magistrada Germán tiene mucha razón. Desde mi experiencia veo que es un caso muy flojo. En ese proceso si usted no reúne las pruebas que demuestren la acusación que usted realiza, el caso está condenado al fracaso”, expresó el ex Procurador General de la República, entrevistado en el programa Hoy Mismo y reseñado en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Calificó también el caso como difícil para el ministerio público ya que se habla de soborno, y la persona que se tiene como actuante principal, el señor Ángel Rondón, un empresario que dice tener un contrato de representación con Odebrecht , que nunca lo ha negado.

Refirió que Rondón siempre ha dicho que ha recibido unos 92 millones de dólares con esa empresa por concepto de representación y dice que todavía le deben un parte. “Si ese contrato existe eso es legal, solo tiene que demostrar que ha pagado los impuestos correspondientes”.

Manifestó que llama la atención lo establecido por el tribunal de que el ministerio público contrató una empresa de televisión para grabar los apresamientos de los imputados. “Si eso se hizo, no tengo constancia de eso, no ayuda en nada a la investigación”.

Señaló que no es partidario de que el ministerio público publicite los procesos y que el Código Procesal Penal es muy cuidadoso en ese sentido, porque incluso el proceso pudiera terminar anulándose.
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